Ley de Presupuestos no autoriza traspaso de fondos a privados para el Transantiago.
Un total de $106.020 millones contempla la Ley de Presupuestos 2007 para el plan de transporte público Transantiago. Pero ninguna partida contempla autorización para traspasar fondos fiscales a operadores privados del sistema.
“Estos recursos están considerados en los presupuestos de los ministerios de Obras Públicas (MOP); de Vivienda y Urbanismo (Minvu), de Transportes e Interior, y cada una de esas partidas establece en qué se gasta y en qué no se puede gastar”, dice el director de Presupuestos, Alberto Arenas.
Al revisar la ley, en el caso del MOP, dentro de los $476.000 millones para iniciativas de inversión de la Dirección de Vialidad, en una de sus glosas se establece que con cargo a esos recursos se ejecutan obras de vialidad urbana, servicios anexos y las expropiaciones necesarias para el Transantiago. Pero no se especifican montos.
En la dirección de Vialidad están consideradas transferencias de capital al Metro por $35.300 millones, pero su uso está acotado sólo a la extensión de líneas y pago de deuda.
El presupuesto del Ministerio del Interior
Contempla para el gobierno regional metropolitano $13.450 millones para la mantención de vías segregadas, reparación y conservación de las vías incluidas en el plan Transantiago, obras que ejecutará el Serviu.
Y en el Ministerio de Transportes y Telecomunicaciones se destinan $3.967 millones al Transantiago para financiar personal y bienes de consumo y estudios básicos y una transferencia por $134 millones para un programa con el PNUD.
“Ninguna de las glosas está abierta a los operadores privados del Transantiago”, dice Rosanna Costa, directora del Programa Económico del Instituto Libertad y Desarrollo (LyD).
Y hace notar que si bien las normas de flexibilidad presupuestaria permiten suplementar en 10% el gasto en inversión, esas inversiones tienen que estar autorizadas y así como no está contemplado traspasar plata a empresas privadas, tampoco existe esa autorización para el arrendamiento de buses, que ha sido uno de los gastos adicionales en que se ha incurrido por los problemas del Transantiago.
Dos son los “sacos” de recursos que tiene el Transantiago: el aporte al Administrador Financiero del Transantiago (AFT) y el presupuesto fiscal con su flexibilidad. En el caso del AFT, los operadores privados de buses ganaron la licitación por el precio y por su aporte a este fondo en el cual también está el Metro, que es el operador público del sistema.
Superávit Versus Déficit
En Enero 2007, el Transantiago tuvo un superávit de US$ 4 millones; y en marzo y abril del mismo año, sendos déficit de US$ 14 y 30 millones. Respectivamente.
Alberto Arenas asegura que el ministro de Transportes se comprometió a entregar en junio, después de un trimestre de puesta en marcha, las proyecciones financieras y los costos de puesta en marcha que el sistema necesita enfrentar y después de eso se verá cómo financiarlo. No especificó si el “saco” de recursos tiene un tope.
Suplemento a privados y subsidios a tarifas
No sólo causa extrañeza la figura que se está buscando para suplementar recursos a los operadores privados del Transantiago, sino también la idea de establecer un subsidio a las tarifas del transporte público capitalino.
Los operadores ganaron la licitación en función de un precio y de su aporte, y hubo otros que perdieron la propuesta pública, que podrían sentirse perjudicados si ahora hay recursos adicionales que están cambiando esas bases, asegura un académico.
En cuanto a los subsidios, las empresas que reciben este año aportes fiscales son Emaza, Enacar, Sasipa, Metro, Efe y Enami. Agregar otro subsidio para el transporte público en Santiago, de acuerdo con la Constitución, requeriría de una ley, y el subsidio no debe involucrar una discriminación arbitraria.
Este último aspecto es bastante complejo, porque si bien el Gobierno asegura que hasta ahora las iniciativas para el Transantiago no han afectado las inversiones regionales, un subsidio para la capital puede resultar discriminatorio y abrir demandas de las regiones, amén del problema político que conlleva.
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