En 1974, Andrés Navarro Haeussler se asoció con COPEC para fundar la Sociedad Nacional de Procesamiento de Datos Ltda. (Sonda). Sus primeros clientes fueron COPEC, Banco O’Higgins, Iansa y Abastible. A fines de los 70, firmó contratos con la Asociación Nacional de Ahorro y Préstamos, el Registro Civil, ENAP y EMOS, empresas controladas por el regimen entonces gobernante.
En 1990, Digital Equipment Corporation adquirió acciones de COPEC ingresando a la propiedad de Sonda. En 1999, Telefónica CTC Chile adquirió la participación de Compaq (ex Digital) y una parte de las acciones de la familia Navarro Haeussler, alcanzando casi el 60 por ciento. El 2002, Navarro controló definitivamente la propiedad, tras comprar el 35 por ciento de la participación que Telefónica CTC Chile tenía en Sonda.
Telefónica perdió 17.680 millones en 2002. “Los ingresos del negocio informático exhibieron una caída de 44,8%, debido a las menores ventas provenientes de las filiales de Sonda en el extranjero y porque a partir del mes de septiembre, debido a la venta de un 25% de participación en Sonda, se dejan de consolidar en Telefónica”, informaba el diario Estrategia en enero de 2003.
Telefónica perdió millones de dólares en la operación con Sonda, que le significó reconocer pérdidas por aproximadamente “8,5 millones de dólares”. Tras la venta, Andrés Navarro alcanzó el 65 por ciento de la propiedad de Sonda. “Aún se recuerda que le hizo perder mucho dinero a Telefónica”, dicen los analistas.
Actualmente, Sonda es controlada por las sociedades Inversiones Pacífico II -con el 53,44 por ciento-, Inversiones Santa Isabel -con el 13,92 por ciento-, e Inversiones Atlántico -con el 13,04 por ciento-. Andrés, Pablo y María Inés Navarro Haeussler dominan el 80 por ciento de Sonda.
La empresa desarrolla sistemas computacionales orientados a la gestión empresarial, administración, control industrial y control automático, principalmente. Su mercado esta constituido por:
Cuenta con más de 3.500 empleados y según la consultora IDC, su participación en el mercado chileno es de un 25 por ciento. Sus principales competidores son ENTEL, Soluziona Synapsis, Adexus y Coasin.
Los servicios de outsourcing TI le han permitido hacerse de unos cinco mil clientes, al ofrecer servicios como Data Center, ASP, BPO, arriendo de equipos, software, y outsourcing integral. “El problema para las empresas que contratan a Sonda es que después les es muy difícil cambiarse de prestador de servicios o retornar la plataforma informática a su empresa. El costo es elevado. El servicio de outsourcing genera barreras de entrada y contribuye a mantener relaciones de largo plazo con los clientes”, dice un analista.
Empresas como Banco de Chile, Iansa, ENTEL, Codelco, Lotería, CMPC, Seguros La Interamericana y Falabella, figuran entre sus clientes, además de reparticiones gubernamentales que le han adjudicado la ejecución de proyectos como la emisión de documentos de identidad del Registro Civil e Identificación, sistemas de apoyo de la Corporación Administrativa del Poder Judicial, la web ChileCompra y el Administrador Financiero de Transantiago (AFT).
Repercusiones:
El 7 de octubre, empresarios microbuseros solicitaron que el Estado los indemnice por los “perjuicios causados por el plan Transantiago”. El diputado Carlos Olivares (DC) patrocinó a las pequeñas y medianas empresas (PYMES) que exigen una compensación. Son más de 3.500 pequeños empresarios de microbuses los que exigen una indemnización por los perjuicios que sufrirán si entra en operaciones íntegramente Transantiago. Aseguran estar “imposibilitados de pagar indemnizaciones a sus trabajadores cuando cesen sus servicios en febrero de 2007”. “Transantiago ha tenido un negativo impacto.
Una de las afectadas, Paula Aliar, declaró que después de adquirir 120 cobradores automáticos en 2001, sólo conserva 38 de las máquinas trabajando porque el resto fue sacado de circulación. La marcha blanca de Transantiago se pospuso en mayo pasado hasta el 10 de febrero de 2007, debido a algunos incumplimientos de los operadores privados con la infraestructura tecnológica de los buses, así como el atraso en obras viales comprometidas por la autoridad”, señaló Radio Cooperativa.
A eso se suma que los choferes de Alsacia manifiestan que las promesas del Transantiago no se están cumpliendo: “El sueldo prometido no es tal. Si antes dependíamos del corte de boletos, ahora dependemos de las horas extras que hay que estar declarándolas todos los días, de lo contrario no las pagan. Además, tenemos un solo día libre a la semana y problemas con la entrega del dinero ya que no tenemos cobradores automáticos. Muchos han renunciado y hay máquinas paradas porque no tienen quien las conduzca”, aseguran.
En julio de 2005, Buses EPYSA cerró millonarios contratos con operadores del Transantiago. “Mercedes Benz tiene el 95 por ciento del mercado y ahora se quedará fuera de Transantiago”, decía Matías Castro, gerente comercial de EPYSA Buses, representante de la brasilera Marcopolo. Ese año, las ventas de EPYSA bordearon los 150 millones de dólares.
EPYSA pertenece al ex ministro y ex embajador Edmundo Pérez Yoma (DC), el mismo de la tristemente célebre Constructora Copeva, responsable de las “casas nylon”. “Las cuncunas tienen un consumo de combustible bestial y todas las medidas hacia los choferes que eran provisorias se volvieron definitivas, como muchas otras cosas en Chile.
En mayo de 2006, Las Ultimas Noticias anunciaba: “Antes de cumplir dos meses en el cargo, el ministro de Transportes Sergio Espejo dio pie atrás a lo declarado hasta entonces y anunció que no habría Transantiago el 22 de octubre de 2006, sino el 10 de febrero de 2007, poniendo en entredicho, y por cuarta vez, la credibilidad del plan. La determinación se basó, fundamentalmente, en el retraso de la empresa responsable de la integración tarifaria y la gestión del sistema. El ministro culpó directamente al AFT, y particularmente a Sonda -empresa tecnológica que integra el AFT-, luego de un lapidario estudio realizado por la Fundación Chile”.
El periódico agregaba: “Sonda no ha logrado dar con el software adecuado para la plataforma computacional que requiere el sistema. Ante esta acusación, el presidente del AFT, José Mena, replicó: ‘vamos a partir antes (de octubre). Tengan la tranquilidad de que vamos a tener el sistema andando y que en fecha lo más cercana, el sistema (de pago automático) va a estar implementado en cinco mil buses. Vamos a cumplir la fecha del 22 de octubre aunque el esquema se modifique’”, dijo.
El informe de Fundación Chile al que alude el periódico, fue ordenado por el ministerio pero bajo acuerdo de “confidencialidad”. El diputado Cristián Monckeberg (RN) solicitó en el Congreso que el informe fuera dado a conocer públicamente: “En ese informe se argumenta que la responsabilidad eventual de la suspensión recaía en la futura Administradora Financiera de Transantiago (AFT), que no estaba en las condiciones de empezar a funcionar como corresponde.
La presentación de nuevas querellas criminales por parte de TIMM en contra de los imputados en la demanda civil, mantiene en vilo a empresarios y autoridades de gobierno.
Transantiago Chile · Publicación: Empresas Responsables